Thursday, June 30, 2005

EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO COMO FUENTE DEL DERECHO COLOMBIANO Y ESPECIFICAMENTE DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO COLOMBIANO POR SU VIOLACION

Nuevo Derecho Administrativo
De los temas más importantes dentro del denominado nuevo derecho, encuentro los relacionados con la aplicación del derecho internacional en nuestro Estado Social de Derecho. Específicamente, me ha interesado el tema del derecho internacional como fuente del derecho administrativo y recientemente el tema de la responsabilidad del Estado colombiano por la violación al derecho Internacional.

Pretendo entonces, en este breve ensayo, tratar de analizar la obligatoriedad de la aplicación del derecho internacional en Colombia, haciendo énfasis en el derecho internacional humanitario y sus consecuencias por el incumplimiento de tales obligaciones.


II. CONCEPTO DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.

No hay duda que a partir de la vigencia de la Constitución de 1991 en Colombia se empezó a incluir como tema obligado de estudio en la comunidad jurídica, el relacionado con el Derecho Internacional Humanitario, sobre derechos humanos. En el desarrollo de estos temas la H. Corte Constitucional ha jugado un papel vital en la aplicación del derecho internacional humanitario, acudiendo a figuras como la del bloque de constitucionalidad, protección de grupos de personas en estado debilidad manifiesta y haciendo referencia a la jurisprudencia de otros tribunales constitucionales del Mundo.

Sin embargo, en este tema las jurisdicciones ordinarias y contencioso administrativa muestran un rezago o renuencia a la aplicación de las leyes que contienen los tratados internacionales y específicamente los tratados sobre derechos humanos. Quizás ello obedezca a que aun se está dando la batalla para que los jueces ordinarios cambien su concepto del derecho “formal” y acepten que en un Estado Social de Derecho la función del Juez radica en la defensa del ser humano y sus derechos esenciales y no en la defensa abstracta de la legalidad.

Resulta absolutamente necesario que la comunidad jurídica, incluida por supuesto el aparato judicial, acepte que en materia de protección del Derecho a la vida e integridad personal, a la libertad y a las garantías judiciales, respecto de los derechos sociales, económicos y culturales, derechos de los grupos indígenas, derechos de las mujeres y de los niños, de los desplazados y de los reclusos, son los instrumentos del derecho internacional las herramientas llamadas a aplicarse preferentemente por los operadores jurídicos. No puede seguir aceptándose que los operadores jurídicos resuelvan temas relacionados con estos derechos que resultan esenciales en un Estado Social de Derecho, aplicando solamente los viejos Códigos de Procedimiento y las leyes nacionales que están formadas sobre el culto al formalismo, dándole la espalda a todo el derecho internacional humanitario que resulta más rico y garantista en lo que es la esencia del derecho; La búsqueda de la justicia material en las relaciones entre los hombres.

Si el Estado colombiano a través de su Rama Judicial, no aplica las normas de derecho internacional que conforman el llamado “corpus juris del derecho internacional”, pues incurrirá en una clara responsabilidad por omisión. Frente a la comunidad internacional la no aplicación del derecho internacional da lugar a la imposición de severas y ejemplarizantes condenas en contra del Estado, como el reciente caso de la condena por la muerte de los 19 comerciantes a mano de paramilitares.

Como es sabido el derecho internacional humanitario se conoció desde épocas remotas como el Derecho de Gentes , y se ha definido como el conjunto de normas que están destinadas a garantizar el respeto por los derechos humanos de las víctimas de los conflictos internacionales o de las guerras.

2.1. Consagración constitucional de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario.

En nuestra Constitución se encuentran las siguientes normas que exigen la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, siendo depositario de tal obligación el Estado Colombiano:

Artículo 9º que señala que las relaciones internacionales del Estado se fundamental en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia.

Artículo 53, en el cual se establece que los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna.

Artículo 93, que es la norma esencial en cuanto señala que los tratados y convenios internacionales que reconocen los derechos humanos y que prohiben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Además que los derechos y deberes consagrados en la Constitución, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.

Artículo 94, que establece que los derechos inherentes a los seres humanos, pueden aplicarse así no estén definidos en la Constitución o en tratados internacionales vigentes.

Artículo 214, que obliga al Estado que aún en los casos de estados de excepción no pueden suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales y que en todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario.


2.2. Algunos tratados importantes que imponen obligaciones a Colombia en materia de respeto al derecho internacional humanitario..


En este punto habría que decir que inclusive la Declaración Francesa de los derechos del Hombre y del Ciudadano contiene obligaciones para los Estados respecto de los ciudadanos, cuyo incumplimiento daría para deducir responsabilidad del Estado Colombiano.

Pero son los instrumentos internacionales de la posguerra los que contienen la mayor cantidad de obligaciones a cargo de los Estados en punto de la protección de los derechos humanos de sus ciudadanos. Así se tienen los siguientes:

1º.- Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resoluciòn No. 217 del 10 de diciembre de 1948.

2º.- pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que entró en vigor el día 3 de enero de 1976.

3º.- Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos, entró en vigor el día 23 de marzo de 1976.

4º.- Convención para la Prevención y la Sanciòn del delito de Genocidio, adoptado por la Resolución 96 del 11 de diciembre de 1946 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

5º.- Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, entró en vigor el 4 de enero de 1969.

6º.- Convención sobre la Esclavitud, firmada en Ginebra el día 25 de septiembre de 1926.

7º.- Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes.

8º.- Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.

9.- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979.

10.- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.


Muy significativa resulta para el presente tema la Ley 288 de 1996, por medio del cual se estableció el procedimiento de conciliación para que el estado realice indemnizaciones en casos de condenas proferidas por el Comité de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la violación de los derechos humanos.


III. POSIBILIDAD DE LA VIOLACION DEL DERECHO INTERNACIONAL


Un Estado como el colombiano se encuentra propenso a violar muchos de los tratados internacionales sobre derechos humanos, dada la gravedad del conflicto armado en el cual se encuentra inmerso por casi 50 años. Son conocidas universalmente las masacres, genocidios y desplazamientos generadas por los diferentes grupos armados, bien de paramilitares, ora de guerrilleros, y de delincuencia común.

Es de recordar que la transgresión al denominado Corpus juris del derecho internacional puede darse por omisión en el cumplimento de las obligaciones o por violación directa de tales preceptos.

Sin duda el Estado en su carrera por lograr imponer las políticas de guerra para mantener el estado de cosas, ha generado una clara transgresión de los tratados internacionales que orientan hacia la protección primaria del ser humano y sus derechos fundamentales.

Y la posibilidad de la transgresión del derecho internacional se hace altamente compleja si se tiene en cuenta que del referido Derecho no solo forman parte los tratados internacionales propiamente dichos, sino también se encuentra contenido en los siguientes:

i./ La jurisprudencia de las Cortes Internacionales sobre derechos humanos, como es el caso de las providencias que profiera la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional.

ii./ Decisiones del Comité de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

iii./ Las Recomendaciones del Consejo de Administración de la O.I.T. tal como se puede verificar con lo expuesto por la Corte Constitucional.

iv./ Las Recomendaciones del Secretario General de la ONU, conforme lo previsto en la sentencia T/327 de 2001 de la Corte Constitucional.


III.IVIOLACION DE LAS NORMAS DE JUS COGENS

Es Absolutamente claro que incluso se presenta responsabilidad del Estado Colombiano por violación de las normas internacionales, esto es, respecto de aquellas normas que pueden no estar incluidas en tratados internacionales suscritos por el País, pero que dada la vital importancia que tienen en punto de los derechos de las personas que buscan proteger, resultan de obligatorio cumplimiento por todos los Estados del Mundo.

Así se tiene que son normas que forman el jus cogens las relacionadas con la obligación de los Estados de evitar la ocurrencia del APARTEID, del GENOCIDIO, la ESCLAVITUD y el TERRORISMO.

De tal suerte que el Estado que por omisión permita que en su territorio se presente una cualquiera de estas actividades incurre en una flagrante y gravosa violación del derecho internacional haciéndose merecedor a todas las sanciones de orden internacional.


IV. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO COLOMBIANO POR LA VIOLACION AL DERECHO INTERNACIONAL



Pues bien, un caso que muestra de manera ejemplarizante la responsabilidad del Estado Colombiano por violación de normas de derecho internacional sobre derechos humanos, es el conocido caso de la masacre de los 19 comerciantes a manos de paramilitares en el ano de 1988.

Como es sabido la Corte Interamericana de Derechos Humanos profirió sentencia en contra del Estado Colombiano por haber permitido, en una actitud omisiva de complicidad, que paramilitares del magdalena medio hubiesen masacrado a 19 comerciantes que se transportaban en vehículos con mercancía para la venta en pueblos cercanos del Departamento de Santander.

La Corte censuro que el Estado Colombiano había permitido la existencia de grupo de paramilitares al margen de las autoridades militares, incluso los había patrocinado, por lo cual no resultaba aceptable el argumento de la defensa en el sentido de que se había tratado de un hecho producido por terceros delincuentes.

Igualmente, la Corte reprocha la actitud negligente del Estado en la investigación y condena de los hechos ocurridos en 1988, resaltando que se había presentado un claro incumplimiento de los compromisos internacionales de producir investigaciones y condenas por esta clase de hechos en un tiempo razonable.

Otro caso que merece la pena traer tangencialmente a colación es la condena proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado en el ano de 1998, en contra del Estado Colombiano en el famoso caso del diplomático extranjero que causo perjuicios a un ciudadano colombiano con un vehículo diplomático. Señalo la Corporación que se había presentado una clara violación al derecho internacional al concederse una inmunidad absoluta a tales diplomáticos, violándose de contera los derechos de acceso a la justicia y de obtención de reparación de los perjuicios causados.

V. CONCLUSIONES

A título de conclusiones habría que señalarse en forma inicial las siguientes:

1./ Es absolutamente procedente deducir la responsabilidad del Estado Colombiano por violación al derecho internacional y especialmente por violación al derecho internacional humanitario.

2./ No hay duda que a partir de la aplicación del bloque de constitucionalidad y de la aceptación del derecho internacional como fuente del derecho, las fuentes de obligaciones del Estado Colombiano se ampliaron en forma geométrica, haciendo casi incalculables los casos de responsabilidad el Estado Colombiano por violación al derecho internacional.

3./ El Estado Colombiano debería realizar un arduo trabajo de preparación adecuada de todos sus funcionarios en las múltiples obligaciones y deberes contenidos en todos los tratados internacionales, con especial énfasis en los de derechos humanos, a efectos de precaver a tiempo las violaciones de derechos humanos y así evitar sentencias que afectan su legitimidad en el concierto internacional, tal como paso con la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de los 19 comerciantes masacrados por paramilitares.

4./ Igualmente, debe el Estado cumplir con la obligación de extraditar a todos los funcionarios y particulares que cometan violaciones a los derechos humanos, a fin de que sean juzgados por los tribunales penales internacionales, como en la Corte Penal Internacional. Esto le permitiría mostrar su acatamiento a las normas de orden internacional dentro de un mundo globalizado que tiende a tener jueces únicos en varias materias vitales para el normal funcionamiento del Estado.

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