Friday, June 03, 2005

“LA CONSTITUCIONALIZACION DEL DERECHO ADMINISTRATIVO COLOMBIANO A PARTIR DE 1991, UN FENOMENO REAL O APARENTE?. DICHO FENOMENO RESULTA SER UN PASO DE

Nuevo Derecho Administrativo
I. BREVE JUSTIFICACION:

Encontrándonos cerca de cumplir los trece (13) años de haberse expedido la Constitución de 1991 y de la sorprendente actividad desplegada por la H.Corte Constitucional, son muchos los balances y conclusiones que se pueden sacar en torno a cómo está a la fecha nuestro ordenamiento jurídico y la ciencia del derecho.

Respecto del derecho administrativo existe actualmente una profunda preocupación en cuanto a la naturaleza de los cambios acaecidos bajo el imperio del denominado “nuevo derecho”, y del “nuevo derecho constitucional”, jalonado en nuestro país por la prolija actividad de la Corte Constitucional, la cual debe aceptarse encuentra su fuente en lo adelantado por otros Tribunales Constitucionales del Mundo, especialmente el Tribunal Federal Alemán y el Tribunal Constitucional Español.

En efecto, se plantea en la doctrina y en la práxis, si el derecho administrativo clásico sigue siendo orientado por el principio de legalidad y por el sendero marcado por el H.Consejo de Estado, o si por el contrario estamos frente a un nuevo y único camino guiado por la primacía de los preceptos constitucionales y por la huella que “dominantemente” deja la Corte Constitucional.

La tensión generada por dicho fenómeno ha suscitado una especie de “inseguridad jurídica” del derecho administrativo colombiano, lo cual sirve como causa suficiente para emprender este estudio investigativo con el propósito de que arroje algunas luces sobre cuál es la situación actual de nuestro derecho administrativo colombiano y así logremos prepararnos para adaptar los cambios que genere el citado fenómeno de la constitucionalización del derecho administrativo.








II. QUÉ SE ENTIENDE POR CONSTITUCIONALIZACION DEL DERECHO?


En forma muy elemental la constitucionalización del derecho hace alusión al fenómeno según el cual el ordenamiento jurídico de un país y por tanto el derecho en sí mismo considerado, debe estar regido en su interpretación y aplicación con la Constitución de dicho país. Ello quiere decir que la norma primaria a la cual debe acompasarse en forma obligatoria el derecho del país respectivo debe ser la Constitución.

También se ha definido el referido fenómeno como el desplazamiento del eje jurídico que lo constituía la Ley, la Corte Suprema y el Consejo de Estado, hacia la Constitución y la Corte Constitucional, por lo cual además de todas las consecuencias filosóficas y académicas, el fenómeno encierra una implacable lucha por la detentación del poder jurídico en un determinado País, lo que coloquialmente se ha llamado en el nuestro “el choque de trenes”.

Como puede evidenciarse el tema resulta universal y toca fronteras de la filosofía del derecho, por tanto en todos los países de avanzada jurídica la Europa continental y de América, ha habido una profunda reflexión sobre todo a partir de la existencia de las democracias constitucionales y de los tribunales constitucionales. Por ejemplo el autor alemán KLAUS TIEDEMANN hace alusión al tema y a su complejidad cuando afirma: “La influencia del derecho constitucional y, sobre todo, de las normas constitucionales garantizadoras de los derechos humanos, han sido notable durante los años siguientes a la puesta en vigencia de la Ley fundamental alemana de 1949 y, particularmente, desde la creación del Tribunal Constitucional Federal (TCF) en 1951…

…De la misma manera que en Italia, España y Francia, la puesta en marcha y la realización de este vasto y nuevo programa constitucional mediante la jurisprudencia constitucional ha sido difícil…Todos los tribunales alemanes tienen el derecho y el deber de interpretar el derecho ordinario “de acuerdo con la Constitución” y esto para evitar, en lo posible, la declaración de inconstitucionalidad”.

Por tales razones el tema también ha sido objeto de algunas reflexiones por la doctrina jurídica nacional y por los autores clásicos del derecho administrativo Colombiano. Así por ejemplo respecto de los primeros se encuentran varios autores que han abordado el tema desde la perspectiva de su especialidad. Por ejemplo el profesor MARIO GERMAN IGUARAN ARANA presentó una ponencia denominada CONSTITUCIONALIZACION DEL DERECHO PROCESAL PENAL, en la cual señala que “Los distintos esfuerzos por elaborar ceñudos estudios de comparación en las distintas especialidades del derecho, incluida la relativa al tema de estas jornadas de Derecho constitucional y administrativo, enseñan una inclinación hacia la constitucionalización de las ciencias jurídicas”.

En el mismo sentido se tiene que el tratadista Libardo Rodríguez Rodríguez , al desarrollar el tema de las vicisitudes del Derecho Administrativo y sus desafíos en el siglo XXI, ha señalado al respecto lo siguiente: “Otro tema que plantea interrogantes frente al futuro del derecho administrativo, es el referente al fenómeno conocido como la constitucionalización del derecho, que se ha venido extendiendo en las últimas décadas por diversos países, y de acuerdo con el cual todo régimen jurídico de un país, tanto en su conjunto como en relación con las diferentes ramas o especialidades que lo conforman, deben entenderse o interpretarse a la luz de la Constitución del respectivo Estado”.






























III. QUÉ SE ENTIENDE POR CONSTITUCIONALIZACION DEL DERECHO ADMINISTRATIVO COLOMBIANO.


Conforme lo advertido en el anterior acápite, la constitucionalización del derecho administrativo colombiano haría relación al fenómeno según el cual esta área especial del derecho debería entenderse y aplicarse exclusivamente conforme con la Constitución del 1991, y bueno sea advertirlo de una vez, con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Así las cosas, el fenómeno implicaría la pérdida del valor de la ley y de todos los actos jurídicos de reglamentación de los preceptos constitucionales, que actualmente contienen concretamente el derecho administrativo, pues todo el tema se reduciría a que los actos administrativos, contratos estatales, creación y supresión de entidades administrativas, etc, se ajustaran a los principios, valores y derechos fundamentales constitucionales, para así considerarlos válidos en el ordenamiento jurídico, sin que importe su situación frente al resto del ordenamiento legal.

Aun cuando dicha conclusión parece elemental en un Estado de Derecho, en el cual el sometimiento de autoridades y gobernados al orden jurídico, del cual hace parte como norma principal la Constitución, resulta ser el principio fundante básico, debe señalarse que en tratándose del derecho administrativo el fenómeno resulta complejo si se tiene en cuenta que en esta área del derecho ha sido el sometimiento a la Ley, sin incluir la Constitución, y a la jurisprudencia del H. Consejo de Estado, la característica esencial de su nacimiento y evolución.

Vale la pena recordar unas definiciones de Derecho Administrativo a efectos de precisar la viabilidad de la constitucionalizaciòn de esta especial área el derecho. El autor LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ en su obra DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL Y COLOMBIANO define al derecho administrativo como el “conjunto de principios y reglas jurídicas que rigen la actividad administrativa de las entidades públicas y de las personas privadas que participan en esa actividad o que son afectadas por ella". Por su parte el tratadista JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA , define el derecho administrativo “como el subsistema normativo o rama del derecho positivo que tiene por objeto el conocimiento y la regulación jurídica de los órganos, sujetos, funciones y finalidades de la administración pública y de sus relaciones con los asociados y la comunidad.”

Huelga advertir que el tema que se plantea no hace alusión al tradicional criterio orgánico del derecho administrativo, pues es apenas elemental que a partir de la existencia de los Estados de derecho la creación de los órganos estructurales del Estado han sido de rango constitucional. Por ello puede afirmarse que respecto del criterio orgánico la constitucionalización del derecho administrativo no es un tema moderno o innovador, sino que por el contrario es tan viejo como la existencia misma del derecho administrativo.

Estimo pertinente relacionar algunos apartes de la doctrina francesa específica del derecho administrativo que hace alusión al tema de si el derecho administrativo puede tenerse en cuenta sin ninguna consideración con la Constitución, o si por el contrario resulta necesario siempre a tener como primera y única fuente la Constitución. Así el autor RENE CHAPUS al tratar el tema de la definición del derecho administrativo, hace relación a la denominada Doctrina de las Bases Constitucionales del derecho administrativo, para recordar que el creador de tal doctrina fue el decano GEORGES VEDEL quien manifestaba que era inconcebible que se definiera el derecho administrativo sin tener en cuenta la Constitución que era la fuente del orden jurídico nacional. Por su parte el autor GILLES LEBRETON al tratar el tema del desarrollo histórico del derecho administrativo plantea el tema de la constitucionalización de la jurisdicción administrativa y del derecho administrativo. Explica que ciertos Estados, como los Estados Unidos o el Reino Unido no tienen jurisdicción administrativa ni derecho administrativo autónomo, por lo tanto surge la pregunta de si es posible suprimir en francia la jurisdicción administrativa y el derecho administrativo. Aclara que la Constitución francesa no hace alusión en forma concreta a ninguna de estas dos instituciones francesas, por lo cual la supresión dependería de una simple ley, pero que afortunadamente el Consejo Constitucional Francés remedió esta situación en un fallo del 22 de julio de 1980, en el cual se refirió a la famosa ley del 24 de mayo de 1872, definiendo que la jurisdicción administrativa francesa existe y hace parte de los principios fundamentales reconocidos por las leyes de la república y que ella tiene un valor constitucional.

El presente trabajo pretende resolver el problema jurídico relacionado con determinar si el derecho administrativo colombiano en su interpretación y aplicación debe guiarse exclusivamente por la Constitución, o si por el contrario es todavía la ley la norma que lo regula, y si se ha desplazado al Consejo de Estado como máximo tribunal de la jurisdicción contencioso administrativo, y ahora dicho papel lo realiza la Corte Constitucional. Finalmente, si la constitucionalizaciòn implica que ahora el derecho administrativo tiene como único criterio la protección de los derechos fundamentales de rango constitucional y los de creación por la Corte Constitucional.

Como corolario de tratar de resolver dicho problema deberá concluirse si el anterior fenómeno resulta ser un paso de evolución del derecho administrativo, y si finalmente, ello implica un mejoramiento del derecho administrativo en si mismo considerado, lo cual abarca a la administración pública y a los ciudadanos que interrelacionan con la misma.


IV. DICHO FENOMENO DE CONSTITUCIONALIZACION ES REAL O APARENTE?

A efectos de resolver este interrogante resulta pertinente hacer alusión a unos casos concretos en los cuales se advierte la presencia de la constitucionalización del derecho administrativo, para así poder concluir si el fenómeno es real o apenas aparente.


V. ALGUNOS CASOS QUE MUESTRAN LA EVENTUAL CONSTITUCIONALIZACION.

A efectos de tratar de comprobar la presente tesis trataré de mostrar algunos casos que considero trascendentales en la constitucionalización del derecho administrativo colombiano:

1.- LA PROCEDENCIA DE LA ACCION DE NULIDAD CONTRA ACTOS PARTICULARES.

Como es sabido la acción de nulidad de los actos administrativos se encuentra regulada actualmente en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo . Desde el inicio de la jurisdicción contenciosa dicha acción de simple nulidad ha sido uno de los pilares fundamentales del derecho administrativo colombiano, tal como sucedió en el derecho administrativo francés donde se denomina el recurso por exceso de poder, que ha sido considerado la mayor creación jurídica del Consejo de Estado Francés.

En Colombia la aplicación de la citada acción estuvo regida por la teoría de los MOTIVOS FINALIDADES creada por vía jurisprudencial por el H.Consejo de Estado , en virtud de la cual solamente era posible demandar en ejercicio de la acción de nulidad actos administrativos de carácter particular y concreto, cuando el legislador previamente lo había previsto y cuando se tratase de la protección de supremos intereses de la comunidad y del medio ambiente. Es decir, que era excepcional la procedencia de la acción de nulidad contra actos particulares y concretos, siendo la doctrina vigente en la jurisdicción contenciosa durante más de 41 años.

En el año de 2002 el artículo 84 del C.C.A. fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad la cual fue resuelta por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-426 del 29 e mayo de 2002, con ponencia del doctor RODRIGO ESCOBAR GIL, sin salvamentos de voto. Fundamentalmente se tuvo como argumento el afirmar que el H. Consejo de Estado venía dándole a dicho artículo una interpretación que no se ajustaba a los mandatos de la Constitución de 1991.

Como consecuencia el artículo 84 del C.C.A fue declarado exequible, pero condicionado en los siguientes términos: “Declarar EXEQUIBLE el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, tal y como fue subrogado por el artículo 14 del Decreto 2304 de 1989, siempre y cuando se entienda que la acción de nulidad también procede contra los actos de contenido particular y concreto, cuando la pretensión es exclusivamente el control de la legalidad en abstracto del acto, en los términos de la parte motiva de esta Sentencia”.

Debe colegirse, entonces, que a partir de dicha sentencia la aplicación constitucional del artículo 84 del C.C.A., conduce a afirmar que es posible demandar cualquier acto particular y concreto por cualquier persona y en cualquier tiempo.

Sin embargo, la constitucionalización de este aspecto vital del derecho procesal administrativo no fue aceptada por el H. Consejo de Estado, puesto que en sentencia del 4 de marzo de 2003, de la Sala Plena, con ponencia del Magistrado MANUEL URUETA AYOLA, se señaló que no se acogía la jurisprudencia fijada pro la Corte Constitucional en la sentencia C-426 de 2002. En consecuencia se dijo que se reiteraba que la acción de nulidad contra actos de contenido particular sólo procede para los casos excepcionales previstos en la ley o cuando el acto incide en un interés colectivo de alcance nacional. Finalmente se advirtió por el Consejo de Estado que sus decisiones como tribunal supremo de lo contencioso administrativo no son susceptibles de cuestionamiento por órgano alguno.

De este especial “choque de trenes” queda para las personas que nos encontramos inmersos en el derecho administrativo, la gran duda sobre cuál es el verdadero alcance de la acción pública de nulidad contra actos particulares. La inseguridad jurídica planteada es enorme, pues al tenor de lo fijado por la Corte cualquier acto particular es enjuiciable por dicha acción , al paso que si se sigue al Consejo de Estado debe aplicarse en forma estricta la teoría de los motivos y finalidades.

Este ejemplo de la constitucionalización del derecho administrativo, coloca en alerta a la comunidad jurídica sobre la gravedad del fenómeno.



2.- LAS FUNCIONES DE LA SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO.


El alcance de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del H. Consejo de Estado fueron fijadas por la Corte Constitucional en la sentencia C-037 de 1996 al revisarse la constitucionalidad de la Ley 270 de 1996. La norma originalmente señalaba que la Sala absolvería las consultas únicamente de carácter constitucional o administrativo, pero la Corte declaró inexequible tal expresión señalando que era una limitación que impedía las consultas sobre otros temas como por ejemplo, penal, civil, laboral, agrario, ambiental, etc.

Igualmente, se declaró inexequible la limitación en el sentido de que las consultas solamente se podrían realizar a través de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, pues constituía una limitación sin ninguna justificación, de tal suerte que a partir de la anotada sentencia las consultas se pueden realizar a través de los Ministros Directores de los Departamentos Administrativos.

3.- EXCECPION DE ILEGALIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

Desde el siglo antepasado existían unas reglas sobre el orden de preferencia de disposiciones contradictorias en asuntos nacionales y sobre la obligatoriedad de las órdenes y demás actos ejecutivos del Gobierno en el ordenamiento jurídico, contenidas en el artículo 240 del Código de régimen Político Municipal y en el artículo 12 de la Ley 153 de 1887. De la interpretación de dichas normas surgía el concepto de la excepción de ilegalidad del acto administrativo, en virtud de la cual era posible que cualquier funcionario público se abstuviera de aplicar un acto administrativo alegando que resultaba contrario al orden legal previsto en las referidas normas.

Pues bien, la H Corte Constitucional en sentencia C-037 del 26 de enero de 2004, declaró inexequible el artículo 240 del Código de régimen Político Municipal y algunos apartes del artículo 12 de la Ley 153 de 1887, afirmándose categóricamente en la sentencia que la excepción de ilegalidad solamente la podía aplicar el Juez Administrativo en el transcurso de un proceso contencioso administrativo.

Es decir, que surge el interrogante sobre si a partir de la sentencia de inconstitucionalidad las diferentes autoridades administrativas pueden inaplicar un acto administrativo por considerarlo ilegal, o dicho tema propio del derecho administrativo quedó definido a que solamente lo pueda hacer el Juez Administrativo dentro de un proceso contencioso administrativo.

4.- DEMANDAS CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS

En el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo se regulan los requisitos que debe contener todo demanda que se incoe ante la jurisdicción contencioso administrativa. En su numeral 4º se exige la obligación de indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación, cuando se trate de demandas contra actos administrativos.

Dicho mandato se constituía en un dogma de fe en los Tribunales Administrativos y por la doctrina del derecho procesal administrativos, amparados entre otros argumentos en el concepto de que dicha jurisdicción es como característica el de ser “rogada”. Al actor no se le concede sino lo que estrictamente solicite, y el Juez Administrativo no puede suplir las deficiencias y falencias de los demandantes.

Pues bien, la H.Corte Constitucional en sentencia C-197 de 1999 declaró exequible tal mandato pero condicionado a que se entienda que cuando el juez administrativo advierta la violación de un derecho constitucional fundamental de aplicación inmediata deberá proceder a su protección, aun cuando en la demanda no se hubiere señalado normas violadas y no se hubiese explicado el concepto de la violación.

5.- ADECUACION DE LA SUSPENSION PROVISIONAL A LOS NUEVOS MANDATOS CONSTITUCIONALES.

La figura de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos ha sido una institución especial del derecho administrativo, pues hace relación con el tema de la obligatoriedad de los actos administrativos. Antes de la Constitución de 1991 no tenía rango constitucional, sino puramente legal al consagrarse en los diferentes códigos contencioso administrativos.

El constituyente de 1991 elevó a rango constitucional dicha institución señalándose en el artículo 238 que la jurisdicción contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente por los motivos y requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos pasibles de demanda.

En el artículo 152 y siguientes del C.C.A. se regula dicha institución y el H. Consejo de Estado la ha precisado por vía jurisprudencial desde antaño, señalándose que su procedencia exige que para suspender los efectos del acto deberá apreciarse una contradicción con la norma superior prima facie, esto es, sin que se requiera de hacer esfuerzos interpretativos.

En este estado de cosas, aparece el firmamento jurídico la sentencia SU 039 de 1997 de la Corte Constitucional en la cual al tratarse de la suspensión provisional de los actos administrativos se dijo los siguiente: “El Juez Administrativo con el fin de amparar y asegurar derechos fundamentales puede, aplicando directamente la Constitución, suspender los efectos de los actos administrativos que configuren violación o amenaza de transgresión de los preceptos constitucionales”.

Finalmente, la Corte advirtió que la institución de la suspensión provisional debía ser adecuada a los nuevos principios y valores de la constitución.

De tal suerte que en este punto surge inmediatamente la pregunta ¿ la institución de la suspensión provisional debe ser entendida como tradicionalmente la ha señalado el Consejo de Estado en el plano de una violación palmaria de las leyes, o basta simplemente confrontar el acto administrativo con la Constitución y se advierte una violación o amenaza de transgresión de los preceptos constitucionales, proceder a decretar la suspensión provisional?.


6.- EN MATERIA DE DERECHO LABORAL ADMINISTRATIVO.

Es quizás en este punto del derecho administrativo, en el cual se puede palpar con mayor amplitud la realidad e incidencia de la constitucionalización del derecho administrativo. En efecto, ha sido en materia de ingreso al servicio público, en relación con las situaciones administrativas y retiro donde se ha sentido en mayor profundidad las modificaciones en el clásico derecho laboral administrativo. Dado que el presente escrito es apenas un botón de muestra de lo que podría ser el trabajo de tesis, no resulta pertinente relacionar todos los cambios que ha sufrido el derecho laboral administrativo.

6.1. EN MATERIA DE TRASLADOS DE SERVIDORES PUBLICOS.

A título de ejemplo quiero señalar el tema del traslado de los funcionarios públicos de plantas globales de entidades del orden nacional. Sin duda este tema es propio del derecho administrativo laboral consignado en especiales leyes que regulan las situaciones administrativas, esto es, los Decretos 150 de 1973 y 1042 de 1978. No cabe duda que dicho tema no tiene consagración constitucional, ni puede ser objeto de regulación por la Constitución de 1991.

Sin embargo, por ejemplo en sentencia de tutela T-165 del 26 de febrero de 2004, con ponencia del H. Magistrado MARCO GERARDO MONROY CABRA, se ordenó por la Corte Constitucional inaplicar una Resolución proferida por el señor Fiscal General de la Nación por medio de la cual se había ordenado el traslado de una Fiscal de la ciudad de Cúcuta hacia la ciudad de Nariño. En dicho fallo se reiteró el argumento de la Corte según el cual si con la expediciòn de un acto administrativo se transgrede un derecho fundamental, es deber del juez constitucional entrar a proteger tal derecho ordenando inaplicar un acto administrativo.

6.2.- PAGO DE VACIONES DE EMPLEADOS PUBLICOS

Otro caso es el relacionado con el pago de las vacaciones de los empleados públicos del orden nacional. En vigencia del artículo 21 del Decreto Ley 1042 de 1978 solamente se cancelaban vacaciones al empleado que laborará como mínimo 11 meses. Mediante sentencia C-897 del 7 de octubre de 2003 la Corte Constitucional declaró inexequible tal mínimo y se señaló que se debían pagar vacaciones en forma proporcional al tiempo servido sin que se requiera cumplir ningún mínimo de meses laborados.



VI. CONCLUSIONES


De lo brevemente expuesto en este trabajo surgen varias inquietudes sobre la dimensión de las transformaciones que ha recibido el derecho administrativo colombiano a partir de 1991, y en especial, debido a la proactiva posición de la Corte Constitucional en la defensa de los derechos fundamentales. Bien se podría afirmar que la Corte ha creado como nuevo criterio determinante o noción clave del derecho administrativo colombiano el siguiente: la protección de los derechos fundamentales, contra viento y marea.

Igualmente, aparece a primera vista que el derecho administrativo ha perdido como norte de su actividad el principio de legalidad y la jurisprudencia del Consejo de Estado, siendo reemplazados por el principio de constitucionalidad, incluido el bloque de constitucionalidad, y la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional.

Será que se ha presentado un gran cambio en materia de las fuentes del derecho administrativo y ahora simple y llanamente ha de estarse en las instituciones tradicionales del derecho administrativo: actos administrativos, contratos estatales, responsabilidad extracontractual, derecho electoral, etc, a una exclusiva confrontación con la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional?

Estos interrogantes son los que sirven de sustento para iniciar este largo camino investigativo para llegar a una respuesta científica sobre la naturaleza y alcances jurídicos del fenómeno de la constitucionalización del derecho administrativo colombiano.

BIBLIOGRAFIA:


CHAPUS RENE: Droit Administratif General, Paris Montchrestien, tomo 1, Cuarta Edición, año de 1998.

IGUARAN ARANA MARIO GERMAN: Ponencia denominada CONSTITUCIONALIZACION DEL DERECHO PROCESAL PENAL, página 259 del libro titulado Segundas Jornadas de Derecho Constitucional y Administrativo, Universidad Externado de Colombia, año 2002.

LEBRETON GILLES: Droit Administratif General, Segunda Edición, Armand Colin, año 2000.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ LIBARDO: Conferencia expuesta en el Seminario Iberoamericano de Derecho Administrativo celebrado en México los días 28 y 29 de noviembre del año 2000. El título de la conferencia se denomina VICISITUDES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO Y SUS DESAFIOS EN EL SIGLO XXI.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ LIBARDO: Derecho Administrativo General y Colombiano, Decimotercera Ediciòn, Editorial Temis 2002.

SANTOFIMIO GAMBOA JAIME ORLANDO: Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, publicado por la Universidad Externado de Colombia, Tercera ediciòn, año 2003.

TIEDEMANN KLAUSS: Artículo denominado: LA CONSTITUCIONALIZACION DE LA MATERIA PENAL EN ALEMANIA, publicado en Internet en la página Derecho Penal. Universitas Friburgenss.

Obra Páginas de Derecho Administrativo, publicada por la editorial Temis, año 2002.

Código Contencioso Administrativo, Decreto Ley 01 de 1984

Constituciòn Política de Colombia.

Sentencias de constitucionalidad de la H. Corte Constitucional Colombiana

Sentencias del H. Consejo de Estado de Colombia.




1 Comments:

Blogger Liliana Hostia said...

Por favor, ayudenme a encontrar los origenes, inicios, evolución posiciones actuales del derecho administrativo y contenido objetivo y subjetivo de la Jurisdicción Rogada.
Mil Gracias por su ayuda.

8:26 PM  

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